La masonería cumple 300 años. Hacia una nueva religión. (4 de 5)

La masoneria cumple 300 años. Parte-4

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PARTE CUATRO

Condenas papales contra la masonería.

Inicialmente, a lo largo del siglo XVIII y mayormente en su primera mitad, la masonería fue prohibida por la mayoría de Estados europeos. A excepción de Inglaterra y Escocia, raro fue el país que no la prohibió y la persiguió. Algunos de estos países, y no precisamente católicos, lo hicieron con anterioridad a la primera condena de la Iglesia. Así es el caso de Holanda que en 1735 publica la primera resolución en la que se declara ilícita a la asociación secreta. A esta se sumarian las prohibiciones de gobiernos de países tales como Francia, España, Ginebra, Hamburgo, Berna, Hannover, Suecia, Prusia, Viena, Baviera y Nápoles entre otros.

La primera condena papal llegó de mano de Clemente XII, quien el 24 de abril de 1738 proclamó la Constitución “In Eminenti”. En ella hace hincapié en el carácter secreto de este tipo de sociedades, de las que dice «que han despertado fuertes sospechas en el espíritu de los fieles» y se pregunta, «si esos hombres no hiciesen el mal ¿tendrían tan grande horror a la luz?». De nuevo, en 1751 el papa Benedicto XIV, en la Constitución “Providas”, volvería a condenar este tipo de sociedades, dado su secretismo, por el juramento de guardar ese secreto que hacen sus miembros, por «resultar evidentemente cualquier clase de males para la pureza de la religión católica» y porque «esas sociedades no son menos contrarias a las leyes civiles que a las normas canónicas».

Tal vez ambos papas no tuvieran en principio fuertes motivos para condenar los actos de esta organización. Quizá por ello insisten más en el carácter secreto. Pero una cosa tenían clara, la masonería se iba introduciendo poco a poco en la Europa continental y era obligación suya alertar a sus fieles del peligro. Más tarde el tiempo les daría la razón. Desde un principio la Iglesia era el objetivo a batir y por ello sería perseguida con ánimo aniquilador. Aquel tiempo, donde imperaba el racionalismo promovido por Descartes, serviría a la masonería para sembrar la semilla anticristiana disfrazada de anticlericalismo. Maurice Fara cita la frase de Voltaire, referida a la Iglesia, Écrasons l’infâme (Aplastemos al infame) como una de las consignas masónicas. Algo que, aunque el filósofo no llegaría a verlo, la Revolución se encargaría de ejecutar.

Pasaría la gran persecución revolucionaria y más de medio siglo hasta que el papa Pio VII, en 1821 en su Letras Apostólicas “Ecclesiam a Jesu Christo”, volviera a condenar la masonería en general y expresamente a los carbonarios, «una nueva sociedad formada recientemente y que se propaga a lo largo de toda Italia y de otros países», en el fondo una derivación de la masonería, de la que señala el carácter hipócrita de su discurso al referirse a Jesucristo como Gran Maestre y jefe de la sociedad. A los anteriores les seguirían, en 1825, León XII con su Constitución “Quo graviora”,  Pío VIII, en 1829, con su encíclica “Tráditi” y, en 1832, Gregorio XVI con “Mirari vos”, quien señala a la masonería como «la principal causa de todas las calamidades de la Iglesia y de los reinos».

En 1846, sería el recién elegido papa Pio IX quien más condenas promulgaría en contra de la masonería. Lo hizo en más de veinte ocasiones y tal vez por ello, «fue calumniado de masón por la Masonería», tal como escribe José Mª Caro. Sus duras condenas y reprobaciones a la masonería se extienden incluso «a los países en los cuales dichas Sectas están toleradas por la autoridad civil» y también a «las demás –sectas- del mismo tipo que, aunque difieran en apariencia se forman todos los días con la misma meta» en claro conocimiento de la existencia de diferentes ramificaciones de la masonería.Papa León XIII

Su sucesor León XIII, último papa del siglo XIX, promulgaría en 1884 la encíclica “Humanum genus”, sin duda el documento más interesante y completo que haya publicado la Iglesia contra la masonería. En ella se dice que los masones «maquinan abiertamente la ruina de la santa Iglesia» y que tras «siglo y medio (…) infiltrándose de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado, ha comenzado a tener poder, que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados». También el santo padre se refiere a la familia, al incipiente divorcio y a la enseñanza. Sobre ello dice: «Si el matrimonio se convierte en una mera unión civil, la consecuencia que se sigue en la familia es la discordia y la confusión, perdiendo su dignidad la mujer y quedando incierta la conservación y suerte posterior de la prole. Por esto, en materia de educación y enseñanza no permiten la menor intervención de la Iglesia, y en varios lugares han conseguido que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos». Visto con perspectiva resulta toda una acertada predicción.

Llegado el siglo XX los papas moderan su discurso contra la masonería. Tanto el primer papa del nuevo siglo, Pio X, como sus sucesores no condenarán explícitamente la Masonería en sus escritos, aunque de manera implícita se referirán a ella, incidiendo en los efectos negativos de la organización para con la Iglesia. No obstante, cabe destacar la creación del primer Código de Derecho Canónico que se promulgó en 1917, bajo el papado de Benedicto XV. Dicho Código recoge una serie de cánones que de forma expresa se refieren a los masones y a las penas aplicables por la Iglesia. Luego, tras el concilio Vaticano II, se abogaría por un diálogo con la masonería, que de facto abriría la entrada de buen número de masones en el clero, si bien el nuevo Código de 1983, promulgado por el papa Juan Pablo II y auspiciado por Ratzinger, mantendría el rechazo a la masonería.

 

La masonería en la España del siglo XX.

En España el siglo XX comenzaría con rumores de magnicidio. Una frase grabada en un árbol del Retiro madrileño rezaba así: «Alfonso XIII morirá el día de su boda». Era el año 1906 y el monarca iba a contraer matrimonio con Victoria Eugenia. Tras la ceremonia nupcial, la pareja se dispuso a recorrer las calles de Madrid, agolpadas de gente. Cercana la comitiva a la calle Mayor se oyó un estruendo. Desde un balcón se había lanzado una bomba envuelta en un ramo de flores. La policía registra los alrededores y pasados unos días se detiene al responsable, un anarquista llamado Mateo Morral ligado al masón Francisco Ferrer, que a la postre fue el instigador del atentado. Los reyes salieron ilesos, pero aquel hecho acabó con la vida de 23 personas, amén de un centenar de heridos. Morral moriría camino del cuartelillo de Torrejón. En el juicio celebrado en 1907 se condenó a otros cómplices, pero el inspirador Ferrer saldría absuelto, a raíz de la presión que la masonería internacional ejerció en defensa del hermano.

No sería el único acto en el que influiría el masón Ferrer. También alentaría, de forma indirecta, los incidentes de la Semana Trágica de 1909. Esta vez, a pesar del clamoroso apoyo que le brindó la masonería internacional, sería juzgado y condenado a muerte. Según Boor, en octubre de 1909 el Concejo comunal de Bruselas aprobaba una resolución del masón doctor Depage, «para condenar la muerte de Ferrer como un atentado grave a las leyes de la civilización moderna, protestando con indignación por la ejecución del masón anarquista y patrocinando la erección por suscripción pública de un monumento digno de la capital frente a la intolerancia española».

La influencia de la Revolución rusa abre hueco al socialismo del momento en la masonería, provocando la entrada en ésta de una nueva generación de jóvenes tentados por la política. Para Gómez Molleda, «La sobrecarga ideológica recibida en las logias condicionará al sistema de valores de un grupo de parlamentarios que instrumentalizaron la defensa de los postulados de la orden masónica al servicio de fines partidistas». Poco a poco se camina hacia la secularización del Estado y de la sociedad. Así lo muestra De la Cierva cuando escribe sobre el momento en que Alfonso XIII en 1919, al frente del gobierno Maura, consagró España al Corazón de Jesús, «La conjunción, no muy ortodoxa, de liberalismo y socialismo (…) actuaba ya con fuerza en aquel contexto y estalló como un torrente anticlerical».

A lo largo de la dictadura de Primo de Rivera, la masonería perdió algo de fuerza, por lo menos aparentemente. No fue prioridad de Primo acabar con la masonería. Tal vez no le preocupase en demasía. Serían los gobernadores militares los que actuarían según criterio propio. Sin embargo, la masonería, que en un principio se mostró ambigua, con el tiempo se opuso al dictador y al final del directorio civil aumentaría el número de masones y logias. La intelectualidad y los militares se arrimaron a la secta, ya de por si plena de políticos. Desde ella se trabajaría en apoyo de la caída de la monarquía y a favor de la república.

Los masones celebraron animosamente el advenimiento de la II República. Según Gómez Molleda, también el Gran Oriente de Francia lo aplaudió. Por su parte la revista “Vida Masónica”, en su número de abril de 1931, saludaba y felicitaba «muy efusivamente al Gobierno provisional de la República española, y hace fervientes votos para que el Gran Arquitecto del Universo lo ilumine en bien de la Libertad y de la Patria. (…) esta gran obra política que ha elevado a los republicanos españoles de la triste condición de esclavos a la de hombres libres». La masonería española recibió, tras publicarse la República, cantidad de cartas y telegramas procedentes de diferentes Grandes Logias y Orientes Nacionales extranjeros felicitando el hecho. Ferrari Billoch escribe, «Además de la efusión oficial (…) hay que agregar las enviadas por entidades masónicas, tales como Asociación Masónica Internacional, Gran Logia de Suiza, Gran Oriente Neerlandés, la Logia Les Amis Philantropes, de Versalles; L’Union de Belleville, de París; L’Union des Coeurs, de Lyon; La Logia Estrella Polar, de Bahía Blanca, etc. etc.». Según Ferrer Benimeli, al proclamarse la República, la Gran Logia Española envió telegramas a 44 obediencias de Europa y América, en los que se pedía que dichas masonerías hicieran servir su influencia para que los gobiernos reconocieran el nuevo régimen.Diego Martinez Barrio Gran Maestre 1931

Ciertamente, el entusiasmo masónico hacia la república ocasionó un incremento inmediato de logias y afiliaciones, ya que tal como señala Ferrer, «ser masón era etiqueta importante para hacer carrera política y administrativa en el nuevo régimen». De hecho, de los doce miembros del primer gobierno provisional la mitad eran masones. A ello habría que añadir 5 subsecretarios, 5 embajadores, 15 directores generales, 12 altos cargos diversos y 21 generales del ejército, que también lo eran. Y según detalla Gómez Molleda, las cortes Constituyentes del primer bienio republicano contaban con al menos 151 diputados masones, la mayoría perteneciente al sector republicano socialista. Si a ello se suma la victoria de un frente de izquierdas, no es de extrañar que la futura Constitución reflejara su carácter anticlerical y afín a la secularización de la enseñanza. Tal como señala De la Cierva, «La masonería española, identificada con el liberalismo radical -o mejor, jacobino-, arremetía por tanto contradictoriamente contra la libertad religiosa, la libertad de asociación y la libertad de enseñanza». A pesar de ello, los masones se sienten decepcionados. Entienden que la nueva Constitución es blanda. Tal es así que, como asevera Gómez Molleda, los masones más radicales exigen controlar la actividad parlamentaria y política de los hermanos, algo que promueven en la asamblea masónica de 1932.

La victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933, provoca una disminución de masones en el parlamento. Se intenta una contrarreforma política que detuvo temporalmente el avance anticatólico y alivió las ansias de laicidad educativa. Sin embargo, la masonería seguiría trabajando en busca de un frente popular, que no tardaría en hacerse con el poder. La revolución asturiana de 1934 y el golpe de Estado de Companys serían el punto de partida hacia una inevitable contienda que pocos quisieron evitar. En ambos casos los masones no permanecerían al margen. En el primero, apoyando a anarquistas y socialistas radicales y en el segundo, por iniciativa propia. Sobre la proclama catalana del 6 de octubre, Ferrari Billoch, para quien «La Generalidad de Cataluña era un nido de separatistas y masones», ofrece una serie de nombres que incluyen a Giralt, con el grado 33 y con el grado 18 a Companys, Ventura y Gassol, Samblacat, Pérez Farrás, Aldei, Ayguadé y otros con menor grado, como Ulled y Santamaría. Los actos revolucionarios de aquel octubre, principalmente los de Asturias, se cobraron un alto precio, un total de 1375 muertos y más de 2900 heridos.

Al poco del inicio de la guerra civil el general Franco dictó su primer decreto contra la masonería en Santa Cruz de Tenerife. Influenciado, más bien, por el devenir de muchos compañeros de armas y no, como luego veremos, por la fábula de haber sido rechazado por la masonería, lo cierto es que la organización estaba en el blanco de sus propósitos. Desde un principio Franco consideró a los masones un peligro para la integridad del ejército. En la misma dirección, Vidal se pregunta, ¿qué entidad jerárquica no se sentiría inquieta al saber de la existencia de una sociedad secreta en su seno? Ya acabado el conflicto civil, se promulgaría la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. En la práctica iba dirigida más bien a los comunistas que a los masones. Tal como señala De la Cierva, a lo largo de la guerra «las obediencias masónicas españolas decidieron prudentemente “abatir columnas”; es decir, clausurar las logias y cesar en toda actividad ritual, en espera de tiempos mejores».

Es verdad que a lo largo del mandato de Franco la masonería fue prohibida, pero llegados los años ’60, esa prohibición se limitó a la práctica y no tanto a las personas. Algo que el jesuita y masón Ferrer Benimeli no tiene empacho en reconocer. El Diario Montañés publicaba el 12 de marzo de 2008 una entrevista a Ferrer en la que a la pregunta, ¿Hay más libertad ahora para hablar de Masonería?, el historiador respondió: «Nunca tuve problemas para hacerlo, ni siquiera en la época de Franco, aunque mi primer libro, en 1965, fue retenido tres años por la censura».

Tras la muerte del General, la masonería reapareció nuevamente y no tardaría en legalizarse. De hecho el Gran Oriente que venía a España lo hacía desde México, además reconocido por los Sumos Grandes Comendadores como legal y legítimo. Curiosa resulta la anécdota que cuenta De la Cierva. Escribe él, que en 1979 el Ministerio del Interior había denegado la inscripción del Gran Oriente Español como asociación, dado su carácter secreto. A raíz de ello, la entidad recurrió ante la Audiencia Nacional, quien revocó tal prohibición dando luz verde a su legalización. La resolución la firmaron dos socialistas, el ponente Fernando Ledesma y el magistrado Jerónimo Arozamena. El primero futuro ministro de justicia y el segundo, miembro del Tribunal Constitucional. El apoyo que la masonería europea, junto a la Internacional Socialista, otorgó al nuevo PSOE es algo que parece ser cierto. El ex canciller y masón alemán, luego presidente de la Internacional Socialista, Willy Brandt, apoyaría las tesis de un renovado PSOE en detrimento del histórico y Felipe González se haría cargo de la Secretaría general.

En 1981, la revista Tiempo citaba los nombres de varios diputados y senadores socialistas; entre ellos, Germinal Bernal, Cristóbal Montes, Pérez Espejo, Sopena Daganzo, Ramos Molins, Francisco Vázquez, Virtudes Castro, Alberto de Armas, Fernando Baeza, Díaz-Marta, Rafael Fernández, Paulino Pérez, Andreu Abelló, José Prat y Arbeloa Muru. Nuevamente la masonería dentro de la política y como dice Vidal, «La historia del peso de la masonería en el PSOE, antes y después de la Transición, está aún por escribir». Algunos estudiosos mantienen que a excepción de Suarez y Aznar, todos los presidentes de esta democracia se han iniciado en la masonería. Personalmente no he obtenido pruebas que lo atestigüen, aunque pienso que no es un imposible.

FIN DE LA CUARTA PARTE
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